Todo se manejó bajo las órdenes del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; al menos así lo señala una solicitud de autorización solicitada por fiscales y firmada por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.

En el documento se les autoriza a los fiscales solicitar informes financieros de diversos allegados,  exfuncionarios y exempleados subordinados al ministro de Hacienda de quienes se sospecha desfalcaron el erario durante el ejercicio de sus funciones.

El texto, filtrado durante el fin de semana, sostiene que el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del exministro Guerrero Ortiz, quien desempeñó este cargo  durante la última gestión del expresidente Danilo Medina, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transnacionales.

Conforme con la pesquisa, han identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07. Esto se hizo mediante operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, como es el caso del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); así como también con la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.

El ministerio público refiere que el elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes son contratos de cesiones de créditos por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.

Estructura e ilícitos

Guerrero Ortiz, aduce el documento, creó una estructura compuesta por los investigados Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Andrés Familia, Femando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín.

También Pedro María Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del estado Domiciano.

Interrogatorio

La corroboración del vínculo directo del imputado Guerrero Ortiz con estas personas fue verificado mediante un interrogatorio practicado a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, quien es además uno de los testigos interrogados por el ministerio publico en el caso Antipulpo. Con este testimonio se confirmó que los mismos en asociación servían a los intereses del ex ministro de Hacienda para la realización de actos ilícitos tendentes a desfalcar al Estado.

“Es así”, señala el documento, “cómo los miembros de esta estructura de ‘corrupción’ para estafar al Estado maniobraron para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protección del exministro de Hacienda, Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control administrativo y legal”.

Otras acciones sospechosas

La Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción señala que era recurrente que el ex ministro de Hacienda, mediante comunicación, instruya al viceministro del tesoro, Rafael Gómez Medina el registro de órdenes de pagos en el Capítulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (deuda administrativa), por concepto de acuerdos transnacionales a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación.

También destacan en el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría, que en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos.

En su momento, estos casos fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, dice el docuemnto.

“Sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago”, agrega el texto.

A través de otros medios de pruebas, las autoridades “han ido corroborando que existen diferencias muy marcadas en relación a los libramientos de pagos que figuran registrados y pagados”.

Estas diferencias, se aduce, consisten en que, desde el Ministerio de Hacienda, se pagaron 30 libramientos entre el 22 de enero y el 27 de julio del 2020, meses previos a las elecciones generales que llevaron al cierre del gobierno. El monto total fue de RD$10, 993,120,387.60, aproximadamente.

En tanto que la Tesorería Nacional certifica libramientos por un monto de RD$5,636.093,821.14, lo que significa una diferencia  de unos RD$6,431,438,750.41. Los fiscales deducen que el Ministerio de Hacienda realizó pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de control Interno, de la Contraloría.

Solicitud de autorización

En ese sentido, entiende el ministerio público que se hace necesario recurrir a la información de los productos financieros y tributarios de las empresas e individuos investigados, más de 200 en total.

El fin de esto es constatar los pagos recibidos por la supuesta expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, así como indagar posibles vinculaciones societarias y financieras.

Los fiscales sostienen que la utilidad de la entrega de las informaciones financieras traerá como resultado el intercambio financiero entre ellos, su capacidad financiera, los incrementos patrimoniales, transacciones sospechosas, flujo de dinero y hasta cuentas personales o empresariales, permitiéndole profundizar y robustecer las investigaciones en curso.