La Contraloría General de la República afirmó anoche que no existen diferencias con la Procuraduría General de la República, ni con ninguna de sus dependencias, ya que entre ambas prima el respeto mutuo y la colaboración interinstitucional.
Así lo declaró el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, quien además resaltó que la institución a su cargo se limita a responder oportunamente los requerimientos que se le solicita, respetando la independencia del Ministerio Público.
Sostuvo que la Contraloría actúa en el marco de sus funciones como órgano rector del control interno, conforme establece la Constitución y las leyes que rigen el ordenamiento jurídico dominicano.
Asimismo, precisó que las decisiones que tome el Ministerio Público se escapa del ámbito de las funciones de la Contraloría.
Lockward pide a PGR anular actuaciones PEPCA
El abogado Ángel Lockward solicitó a la Procuradora General, Miriam Germán Brito, dejar sin efecto los actos y actuaciones encaminadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en base al “informe de investigación sobre pagos y libramientos por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado”, elaborado por auditores de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
En denuncia presentada el 15 de agosto, Lockward le pidió a la procuradora que dicte instrucción especial de suspensión del proceso originado por ese informe, en base al artículo 9 de la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público.
Planteó además disponer una investigación del trasiego y uso ilícito del documento del 23 de septiembre de 2021. También, que instruya al procurador general administrativo a cumplir con la sentencia que le ordenó presentar su dictamen con motivo del conocimiento de la demanda en nulidad del informe que presentó el jurista.
Además, que disponga que un procurador general adjunto, ajeno a la Pepca, acompañe al procurador general administrativo en la audiencia que celebrará hoy la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), a las 9:00 de la mañana.
El abogado Lockward y la entidad Ángel Lockward & Asociados sometieron un recurso contencioso, mediante el cual demandan la nulidad del informe, y dos demandas en responsabilidad patrimonial en contra de la Contraloría y de su incumbente, y en contra de los peritos que investigaron los pagos de expropiaciones de terrenos, por los cuestionamientos que le ha generado en lo relativo a las acciones y decisiones concernientes a los casos Sucesión Jorge Mota y Sucesores Bernardino Mercedes, a quienes representa.
En ese informe, los auditores de la Contraloría establecen presuntas maniobras fraudulentas llevadas a cabo entre los meses febrero a julio del año 2020, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección de Catastro Nacional, en perjuicio del Estado Dominicano, por aproximadamente RD$12,540,449,339.27.
Según el informe, esas maniobras se hicieron a través de múltiples pagos a terceros, por concepto de deuda pública, bajo la modalidad Cesiones de Créditos, provenientes de procesos de expropiación de derechos sobre terrenos.
Defensa
Los peritos de la Contralorìa pidieron a la primera sala del TSA, la exclusión del informe de la demanda patrimonial en su contra interpuesta por Lockward, “por encontrarse fundamentado en una prueba obtenida ilegalmente”. En ese sentido, solicitan declarar que la obtención ilegal del “informe interno y confidencial” ha sido denunciada por ante la PGR y ante la Procuraduría General Administrativa.
La petición fue hecha por los auditores Cesar Alberto Thomas Castillo, Gersy Mateo Medina y Juan Miguel Andrés Flaquer, a través de los abogados Juan Cuevas y Osiris Disla Ynoa.
En caso de que los demandantes se opongan a la exclusión, solicitan al tribunal el sobreseimiento del proceso hasta que concluyan las investigaciones en torno a la obtención ilegal del informe que realizan la PGR y el procurador administrativo.
También piden declarar que al momento de la demanda en responsabilidad patrimonial en su contra, depositada el 3 de enero del 2022, no existía ninguna oposición y/o impedimento para que los demandantes hicieran todas las gestiones de lugar, a los fines de cobrar al Estado la deuda que alegan ser acreedores.
Dicen que no incurrieron en ninguna responsabilidad patrimonial y piden al tribunal rechazar la demanda.
El informe
En base al informe de los peritos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda suspendió los pagos por expropiaciones a 89 personas por un valor de 17 mil millones de pesos, por oposiciones de la Pepca.
Autorización
La Pepca actuó en virtud de la resolución judicial número 0010, emitida el 29 de diciembre de 2021 por la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción.
Confidencial
La Contraloría General estableció que ese informe no es oficial, sino de mero trámite interno, privado y confidencial”, por lo que consideró que no debió ser usado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para trabar oposiciones.
