En 34 fiscalías del país se registraron 383 casos sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en dos años y medio, delitos transnacionales que han ido en aumento en la República Dominicana.
Así se puede establecer en las estadísticas que dispone la Procuraduría General de la República en su portal web, en la que indica que los datos son recogidos a través de los sistemas de apoyo a los fiscales, denominado “Justicia XXI y “Justicia 2.0”.
En el 2020, justo cuando el país fue declarado en estado de emergencia, a causa de la pandemia de covid 19, fueron tramitados 104 expedientes de esa naturaleza, pero se elevaron a 162 en el 2021, con un incremento de 58.
Mientras entre enero y junio del 2022, fueron procesados judicialmente 117 expedientes.
A esto se suma este año la más reciente operación puesta en marcha por el Ministerio Público el jueves, 4 de agosto, denominada Cattleya, que consistió en allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial.
En esa operación, desplegada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), fueron rescatadas 80 mujeres. En un comunicado de prensa enviado por la PGR se precisó que los fiscales presentarán cargos contra 10 personas de nacionalidad dominicana, colombiana y venezolana.
Por jurisdicción
De 34 jurisdicciones que registraron los 162 casos en el 2021 sobre tráfico ilícito y trata de migrantes, las que más recibieron fueron La Altagracia (28), Dajabòn (20), Montecristi y Santiago (13), Puerto Plata (12), Santiago Rodríguez (11), María Trinidad Sánchez (9) y San Juan de la Maguana (8) y Hato Mayor con 6.
Mientras, en el Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís se registraron 5 en cada una.
Con menos casos figuran, Las Matas de Farfán, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santo Domingo Oeste, con 3 en cada una; Elías Piña y Santo Domingo Este, con dos.
Con solo un caso están Azua, Barahona, Constanza, El Seibo, Espaillat, Independencia, Monte Plata, Pedernales, Peravia, Valverde y Villa Altagracia.
No registran casos en el 2021 Bahoruco, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San Francisco de Macorís ni San José de Ocoa.
Sanción penal
El tráfico ilícito y trata de personas son dos delitos sancionados penalmente por la Ley 137-03.
La legislación define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o situaciones de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud y/o prácticas análogas a ésta, o a la extracción de órganos”.
La ley castiga la trata de personas con penas de 15 a 20 años de prisión y multa de 175 salarios mínimos.
La norma legal también contempla sanciones para las personas morales o entidades por el delito de trata, que van desde el pago de multas hasta la clausura definitiva de los establecimientos que sirvieron para la comisión de los hechos.
Mientras, el tráfico ilícito de personas consiste en “La facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio”.
Ese ilícito está penalizado con prisión de 10 a 15 años y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos.
La norma legal manda a proteger la privacidad e identidad de las víctimas de trata, al igual que brindarles asistencia legal, sicológica y social.
Operación Cattleya
El ministerio público establece que los implicados en la red desmantelada mediante la operación Cattleya, crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial.
Indica que las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
Señala que las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana.
“CATTLEYA”
Medida de coerción
El viernes fue detenido un grupo de personasy ayer los fiscales pidieron medidas de coerción. Son: José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu, José Alberto Soriano Rosario, Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
