AFP

París, Francia

La historia de la plataforma de transporte Uber, creada en 2010, está plagada de escándalos de acoso, pirateo, espionaje industrial y disputas legales.

Esto es lo que se sabía antes de la publicación el lunes de una amplia investigación periodística internacional basada en la filtración de miles de documentos internos de la compañía.

¿Independientes o asalariados?

Desde el inicio, Uber ha estado en el punto de mira por sus prácticas laborales en decenas de países.

El gigante estadounidense defiende con vigor el uso del estatuto de trabajador independiente, pero decisiones judiciales de varios países le obligaron a conceder el estatuto de empleado a sus trabajadores.

En 2021, la justicia británica pone fin a cinco años de juicios y dictamina que Uber deberá garantizar un salario mínimo y vacaciones remuneradas a sus conductores, una primicia mundial.

Dos meses después, un acuerdo “histórico” permite a los 70.000 chóferes de Uber ser representados por un sindicato.

Poco después, la justicia francesa y neerlandesa considera que los conductores están regidos por un contrato de trabajo.

En 2019, California también considera que los conductores de la compañía son asalariados. Pero en 2020, Uber lanza una contraofensiva mediante la aprobación de un referéndum sobre el estatuto de independiente de los trabajadores. Sin embargo, un juez considera que el referéndum es inconstitucional y a continuación, Uber presenta un recurso.

Tras una fuerte regularización fiscal en Dinamarca, la plataforma de reservas es procesada por complicidad en actividades ilegales y debe pagar una multa de 3,3 millones de euros (3,36 millones de dólares) en 2020 para evitar un juicio.

Acoso

En 2017, Uber, acusado de tolerar una cultura sexista y violenta, abre una investigación interna. Su cofundador Travis Kalanick se ve obligado a dimitir por alentar prácticas directivas brutales.

Además, la empresa despide a 20 trabajadores tras 215 denuncias por comportamientos inapropiados e intimidaciones por parte de empleados de todo el mundo.

En India, uno de los dirigentes de la compañía es despedido después de haber tratado de desacreditar el testimonio de una mujer violada por un chófer en 2014.

En 2018, Uber afirma que ya no usa la vía de la mediación en caso de agresión o acoso sexual, que prefería antes de que el caso llegara a los tribunales.

El mismo año, una antigua ingeniera presenta una queja en San Francisco después de que la empresa le negara un aumento salarial tras haber denunciado discriminaciones y casos de acoso sexual contra mujeres en la compañía.

Al parecer, se echó para atrás en un acuerdo confidencial por el que Uber pagaba 10 millones de dólares a varios empleados para evitar acciones legales.

Espionaje industrial

En 2017, la justicia estadounidense investiga sospechas de corrupción en el extranjero y sobre el uso de programas ilegales para espiar la competencia o escapar del control de las autoridades.

Uber implementó “una estrategia sofisticada para destruir, esconder, disimular y falsificar registros o documentos con la intención de impedir o interferir en las investigaciones del gobierno” (…), explica la fiscalía estadounidense.

El antiguo responsable de la “inteligencia” de Uber asegura haber recibido 4,5 millones de dólares para no criticar a la empresa.

A inicios de 2018, Waymo, una filial de Google que desarrolla vehículos autónomos, lo acusa de haber robado secretos tecnológicos sobre el sistema de conducción autónoma.

Uber tiene que interrumpir durante varios meses sus pruebas tras la muerte de una mujer atropellada por un coche autónomo de la empresa en Arizona en 2018.

Para resolver la demanda, Uber paga a Waymo 245 millones de dólares.

Pirateo de datos

En noviembre de 2017, Uber admite que los datos de 57 millones de sus usuarios, clientes o chóferes, han sido pirateados. La empresa lo sabía desde noviembre de 2016, pero depositó 100.000 dólares a los “hackers” para guardar su silencio.

En 2018, Francia condena a Uber a una multa de 400.000 euros por haber ocultado ese pirateo. La empresa también debe pagar dos multas de más de un millón de euros en Países Bajos y Reino Unido.