El ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien como presidente insistía en que “nadie está por encima de la ley”, se enfrenta ahora a la Justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico, después de doce años en el poder en Honduras, cuatro como jefe del Parlamento y ocho como gobernante.

Hernández fue llevado este jueves a EE.UU., país que lo acusa de tres cargos asociados con narcotráfico y uso de armas, tras haber sido capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero, luego de culminar su mandato, el 27 de enero.

La captura del ex mandatario, un hecho sin precedentes en la historia de Honduras, se produjo un día después de que EEUU solicitara su arresto con fines de extradición.

Muchos hondureños preveían la extradición

El pedido de EE.UU. marcó a Hernández como el primer ex presidente hondureño en ser reclamado por ese país, acusado en Nueva York por delitos asociados con tráfico de drogas.

Hernández, de 53 años, es señalado de delitos cometidos desde 2004 a 2022, al “participar en una conspiración de corrupción y tráfico violento de drogas y propiciar la importación de miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos”.

Su extradición era algo que muchos de sus compatriotas veían venir, con más insistencia luego de que su hermano menor, el ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fuera capturado en noviembre de 2018 en Miami y condenado en Nueva York, en marzo de 2021, a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.

A ello se sumaron nuevas denuncias desde Estados Unidos, tanto de narcotraficantes hondureños que enfrentan juicio en ese país, como de la misma Justicia.

Una de las acusaciones más fuertes contra Juan Orlando Hernández figura en un documento de 2019 de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, relacionado con el caso contra su hermano y que vinculaba al entonces presidente hondureño con una conspiración en la cual presuntamente usó dinero del narcotráfico para lograr su segundo mandato.

El mismo documento salpica al ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014), pues señala que presuntamente solicitó apoyo financiero y logístico del narcotráfico para la campaña de las elecciones de 2009, tanto para él, como para Juan Orlando Hernández, quien entonces, como diputado, buscaba la presidencia del Parlamento, objetivo que logró.

En octubre de 2016, con Hernández como mandatario del país, la Casa Presidencial hondureña indicó que “ante los crecientes rumores sobre una presunta relación directa o indirecta, voluntaria o circunstancial de su hermano (Juan Antonio) con personas o con supuestas actividades al margen de la ley, el presidente dejó claramente establecida su posición de que nadie está por encima de la ley”.

Entonces, Hernández también afirmó: “durante este Gobierno, nadie que haya sido señalado por la Justicia tiene, ha tenido, ni va a tener ningún tipo de concesiones o privilegios, ya se trate de correligionarios, de mis propios familiares, funcionarios de Gobierno o ciudadanos de otros países”.

APLICACIÓN DE LA EXTRADICIÓN, QUE ÉL MISMO IMPULSÓ

Entre más trascendían las denuncias, Hernández reforzaba la defensa, incluso hoy, horas antes de su extradición, de su lucha contra el narcotráfico.

La defensa de esa lucha, desde que era presidente del Parlamento hondureño, la hizo en su país, en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos (OEA), lo mismo que en reuniones en Washington con altos funcionarios de EE.UU., de la que algunos le felicitaban.

El 24 de febrero de 2021, en su comparecencia anual ante el Parlamento, Hernández recordó que su lucha contra el narcotráfico la dio desde ese poder del Estado cuando lo presidió (2010-2014) y que en enero de 2012 fue aprobada la reforma constitucional que permitió la extradición de hondureños al exterior, solamente en aquellos casos que estuvieran involucrados con delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Trabajando con los aliados (EE.UU.), “construí un sistema que redujo el paso de cocaína del 87 % al 4 %, algo sin precedentes, un éxito extraordinario. Y esto no lo digo yo, lo dice el Informe del Comando Sur de Estados Unidos, lo dice el Departamento de Estado”, dijo entonces.

Sus declaraciones también hacían dudar a muchos hondureños, que creían que no sería reclamado en extradición al ver publicaciones en las que EE.UU. le agradecía por la lucha contra el tráfico de drogas.

Los dos períodos de gobierno de Hernández fueron también salpicados por denuncias de sus principales opositores de haber ganado las elecciones de 2013 y de 2017 haciendo fraude, además de tener vínculos con el narcotráfico, lo que él siempre negó e incluso se declaró “inocente” al conocer la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Hernández ha atribuido las acusaciones en su contra a una “venganza” de “narcotraficantes criminales y asesinos confesos que han sido extraditados a Estados Unidos, o que salieron huyendo de Honduras” por sus políticas y que pretenden que les reduzcan las penas y les protejan a sus familias en ese país.

El 24 de febrero de 2021 Hernández también recordó que cuando asumió la Presidencia, el 27 de enero de 2014, dio “instrucciones de para que toda solicitud de extradición recibida por el Gobierno” fuera “entregada inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia dentro de las 48 horas siguientes, sin demora, sin discrecionalidad o injerencia de Cancillería, Casa Presidencial o cualquier institución del Poder Ejecutivo. Y eso se ha hecho”.

“Hice esto para mostrarle al país y al mundo, y a los narcos, que este presidente que luchó por obtener la aprobación de la extradición rechazaría cualquier intento de influir en ese proceso. Y los narcos vieron eso”, recalcó en 2021 el entonces mandatario, a quien un año después, además de ser extraditado a EE.UU., le fueron confiscadas sus propiedades en Honduras.

En Honduras ninguno de los órganos de Justicia, salpicados por denuncias de corrupción de jueces y magistrados, entre otros, no de ahora, emprendió acciones contra Hernández.