La fiscalización de la gestión gubernamental no es una novedad, ya que se remonta a los orígenes del Estado dominicano. Lo que no es una tradición es que se hagan auditorías de la gestión de un gobierno vigente, en vez de auditorías únicamente focalizadas en períodos de gobiernos anteriores.

Una fiscalización de la gestión en curso detecta irregularidades a tiempo, ayuda a corregirlas y mostrar que el control no se limita a examinar gestiones pasadas. Para que genere confianza, conviene que tenga criterios claros, independencia técnica y sean del dominio público.

El gobierno de Abinader, no solo permite que esas auditorías de su gestión se publiquen “in extenso” sino que actúa sobre ellas, ya sea llevando a sus propios funcionarios a la justicia o separándolos del cargo por incompetencia en los controles internos.

Es una de las medidas más trascendentales para el país. Un gobierno que lucha por la transparencia del quehacer público jamás fracasa, al margen de un petróleo caro, aranceles arbitrarios, la crisis haitiana y la presión fiscal.

Muy pocos están conscientes de esos avances. O de las herramientas para estandarizar la publicación de información pública con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano. Por ejemplo, el Portal Único de Transparencia, donde las instituciones publican información presupuestaria y de gestión con evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de sus deberes de transparencia.

Aún hay corrupción pública en RD y siempre la habrá, pero hemos pasado de 28/100 en el 2021 a una más mejorada de 37/100 en el 2025 en cuando al índice de percepción de la corrupción, mientras la mayoría de los países muestran estancamiento o retrocesos, según Transparencia Internacional. Nos falta mucho para superar el 50/100, pero lo lograremos cuando la ciudadanía calibre la verdadera dimensión del esfuerzo gubernamental para adecentar la administración pública.

De la economía depende mucho la percepción del ciudadano aun cuando nuestros problemas provienen de un entorno internacional adverso. Pero más importante es fortalecer la transparencia institucional. Solo el control en las compras y contrataciones públicas ha significado ahorros de decenas de miles millones anuales por sobornos cobrados por funcionarios de pasadas administraciones. Dinero que hoy se transforma en proyectos de inversión. La percepción de lo que eso significa esta subestimada por los traumas del pasado y también por hechos recientes.

Pero hay que diferenciar la permisibilidad descarada, desvergonzada, de una corrupción generalizada, sin escrúpulos ni penalidades, a una que tiene un régimen de consecuencias.