Como parte del caso Senasa 2.0-A, unas 25 personas, en su mayoría médicos y profesionales de la salud, fueron señaladas por el Ministerio Público como integrantes de una presunta red dedicada a defraudar fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que no habrían sido realizados.
Asimismo, el órgano persecutor los acusa vulnerar las bases de datos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), suplantar identidades de afiliados con bajo uso del seguro y la emisión de autorizaciones tramitadas mediante llamadas al call center con nombres falsos.
Según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público antes de que el reloj marcara la medianoche del pasado sábado, el entramado se dedicaba también a supuestamente omitir información en registros médicos, falsificar firmas y emitir reclamaciones extemporáneas, entre otros, a fin de recibir indebidamente fondos del Estado dominicano.
¿Quiénes participaron en esto, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)?
Angeury Guzmán Vásquez
Angeury Guzmán Vásquez es el primero citado en la solicitud de medida de coerción que fue depositada por el Ministerio Público. El expediente de 525 páginas lo menciona al menos unas 87 veces.
Guzmán Vásquez es señalado como hermano de quien se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022: Ángel Luís Guzmán Vásquez, detenido en abril de este año.
Según el documento, Angeury es titular de uno de los números telefónicos desde el cual se realizaban llamadas al call center de Senasa con la finalidad de “realizar solicitudes de autorizaciones de servicios de cirugías, consultas especializadas y demás procedimientos ambulatorios, las cuales posteriormente no eran reconocidas por los afiliados a quienes supuestamente se les realizaron dichas solicitudes”. Maniobras que, de acuerdo a lo expuesto por los fiscales en la solicitud de medida de coerción, arrojaron operaciones de hasta cuarenta millones de pesos.
Del mismo modo, Guzmán Vásquez, de la mano de otros ex empleados de Senasa, facilitaba los datos de los afiliados a médicos involucrados en la estructura, quienes posteriormente elaboraban formularios de reclamaciones sustentados en diagnósticos y procedimientos inexistentes.
Según la acusación, Vásquez figura entre las personas que habrían recibido parte de los recursos generados mediante este mecanismo. El documento cita que los médicos participantes entregaban entre el 40 % y el 60 % de los pagos recibidos a Ángel Luis Guzmán, Angeury Guzmán, Adonay María Carrasco Heredia, Milagros Vásquez Gálvez, Ángel Guzmán Patricio, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otros ex empleados de Senasa.
Según el documento, entre 2019 y 2025 Angeury Guzmán Vásquez registró ingresos salariales por RD$1, 458,277.95, de acuerdo con los datos de la TSS.
Sin embargo, el análisis de una cuenta de ahorros que mantenía en el Banco de Reservas indicó movimientos por RD$4, 389,381.06 entre débitos y créditos durante el período comprendido entre 2020 y 2025. El expediente sostiene que este volumen de operaciones no se corresponde con los ingresos laborales oficialmente reportados a su nombre.
Heidy Coronado Paulino
Heidy Coronado Paulino, empleada interna de Senasa, se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde el 3 de agosto de 2021 hasta el 4 de marzo de 2025. Paulino ocupaba el mismo cargo y pertenecía al mismo departamento en el que trabajaba Ángel Luis Guzmán Vásquez, lo que, de acuerdo al documento, le habría permitido conocer el procedimiento utilizado para tramitar las autorizaciones de las reclamaciones médicas presentadas por los doctores vinculados al caso.
El expediente detalla que Paulino habría participado de un mecanismo que buscaba agilizar los pagos atrasado de Senasa para lo que propuso utilizar el código, firma, sello y comprobantes fiscales del imputado Víctor Felipe Rodríguez García, quien laboraba en el Centro Médico Padre Fantino de La Vega, para presentar reclamaciones correspondientes a afiliados que este no había atendido.
La operación se mantuvo aproximadamente hasta octubre de 2024 y, en el momento en el que Rodríguez García manifestó no continuar en el esquema, Heidy Coronado Paulino insistió para continuar con los pagos y transacciones.
Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
Rodríguez Nova se desempeñó como supervisor de servicios a usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa), desde el 21 de marzo del año 2016 hasta el cuatro de marzo del año 2025.
De acuerdo con lo que detalla la medida de coerción, Rodríguez Nova habría tenido participación en las maniobras fraudulentas investigadas dentro de Senasa, principalmente mediante el recibimiento y la movilización de fondos cuya procedencia no pudo ser justificada de acuerdo con sus ingresos salariales.
El expediente señala que Rodríguez Nova recibió transferencias de Ángel Luis Guzmán Vázquez, Heidy Coronado Paulino, Ángel Guzmán Patricio y Adonay María Carrasco Heredia.
En una cuenta de ahorros de Banreservas a nombre de Rodríguez Nova, la investigación identificó transferencias por RD$113,500 de Heidy Coronado Paulino, RD$112,500 de Ángel Guzmán Patricio y RD$111,050 de Adonay María Carrasco Heredia.
A estos movimientos se suman RD$101,000 transferidos directamente por Ángel Luis Guzmán Vázquez desde una cuenta de Banreservas y otros RD$101,600 enviados por este desde una cuenta del Banco BHD.
Lucreisy Polanco Núñez
La vinculación entre Lucreisy Polanco Núñez y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez se sostiene, de acuerdo con el expediente, en las transacciones bancarias realizadas entre ambos durante el período en que se habrían ejecutado las estafas contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Entre 2020 y 2025, Polanco Núñez habría realizado transferencias a favor de Guzmán Vásquez por un monto acumulado de RD$1, 180,272.72, además de un depósito de RD$23,700, según la investigación del Ministerio Público.
Einstein Rafael Borromé Valdez
Borromé Valdez, médico cirujano general, es calificado como una de las “cabecillas de las estafas al Senasa”. Su participación se basó en realizar expedientes clínicos ficticios con los datos personales de los afiliados del seguro.
Del mismo modo, para mantener la “legalidad”, completó los formularios con las informaciones de los asegurados estampando firmas en sus nombres sin su conocimiento.
De acuerdo a la investigación, de un total de 29 afiliados que fueron contactados, 28 no reconocer los servicios presentes en el historial de autorizaciones de Borromé Valdez.
Juan Henry Poueriet
El ginecólogo y obstetra, Juan Henry Poueriet, habría presentado autorizaciones y expedientes médicos fraudulentos utilizando los datos y firmas de afiliados que negaron haber recibido los servicios.
“Para aparentar legalidad, completaban los formularios con las informaciones de los afiliados y firmaban en nombre de estos, simulando su consentimiento, todo ello sin su conocimiento ni autorización”, dicta el documento.
Una auditoría de Senasa detectó un aumento desproporcionado de sus reclamaciones desde julio de 2024, además de similitudes en la tipografía de formularios y firmas de distintos afiliados.
En el aspecto financiero, Poueriet recibió RD$2.8 millones de Senasa y desde su cuenta realizó transferencias a Ángel Guzmán. También recibió RD$10,000 del padre de Ángel Luís Guzmán, sin que, según el expediente, existiera una relación comercial o laboral entre ambos.
Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
Rodríguez Almánzar, médica cirujana general, comenzó a facturar a Senasa en marzo de 2024, con RD$21,600 autorizados, monto que aumentó hasta alcanzar RD$493,808 en mayo. Para septiembre había descendido a RD$158,084 y en octubre no registró facturación.
La auditoría realizada identificó afiliados que figuraban con consultas de medicina especializada y procedimientos ambulatorios, entre ellos drenajes de colecciones superficiales, onicectomías y desbridamientos. También detectó casos en los que los afiliados aparecían con servicios de otros médicos investigados.
Once afiliados contactados por las autoridades aseguraron no reconocer los servicios que figuraban a nombre de la médica.
Además, de acuerdo al documento, Rodríguez Almánzar utilizó formularios de reclamaciones médicas con firmas falsificadas de afiliados para obtener pagos por servicios que estos no reconocieron.
Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
Reyes Durán, cirujana general, es señalada de utilizar formularios de reclamaciones medicas con firmas falsificadas de afiliados que, según la investigación, no recibieron los servicios reclamados.
Por medio de la auditoría, se detectó reclamaciones con similitudes en la tipografías utilizada para llenar los formularios, en las firmas de distintos afiliados y en documentos sin firma del asegurado.
Como parte del proceso de investigación, fueron contactados 24 afiliados que no reconocieron los servicios reclamados a nombre de Reyes Duran; además, manifestaron no conocer a la doctora.
Edwin Alberto Batista Cruz
Mencionado 89 veces en el documento, a este médico especialista en cirugía general se le acusa de, alegadamente, formar parte de la red de profesionales de la salud que se asoció con empleadores y articuladores para defraudar a Senasa mediante la presentación de reclamaciones médicas falsas.
El esquema consistía, según la instancia, en hacer constar procedimientos quirúrgicos y consultas ambulatorias no realizadas, así como la falsificación de firmas de afiliados en los formularios de reclamación para simular la prestación de atenciones médicas y cobrar indebidamente fondos públicos.
Entre los hallazgos que cita el documento está que “el 100% de las reclamaciones correspondientes a consultas de medicina especializada y procedimientos ambulatorios realizados en el consultorio poseen igual tipografía en el llenado de la reclamación” en comparación con varios de los investigados.
Asimismo, los fiscales aseguran que las auditorías realizadas por Senasa permitieron establecer que el imputado presentó un incremento sustancial e inusual en los montos autorizados a partir del mes de febrero de 2024, superando significativamente su promedio histórico de facturación.
“Dicho aumento estuvo principalmente asociado a procedimientos quirúrgicos y ambulatorios, entre ellos: drenaje de colecciones superficiales y/o tejido celular subcutáneo, evacuación de hemorroides trombosadas y onicectomías, generando alertas sobre la legitimidad de los servicios reportados”, expresa el documento.
La auditoría realizada a las reclamaciones y comprobantes fiscales sometidos por Batista Cruz detalla que el 100% de los afiliados consultados en ese rastreo posee al menos una consulta especializada y un procedimiento ambulatorio; una consulta especializada y un procedimiento ambulatorio atribuidos simultáneamente a otra imputada, la doctora Luz Esther Reyes Durán. Además, una duplicidad de servicios correspondientes a consulta especializada y hospitalización de un mismo afiliado generó otra alerta de posible facturación fraudulenta.
Más de 15 afiliados expresaron a Senasa no reconocer los servicios cargados a sus respectivas pólizas de salud por el doctor Batista Cruz. Uno de ellos, incluso, lo denunció por fraude, expresa el expediente, pues negó categóricamente haber recibido una consulta médica especializada y un procedimiento de extracción de cuerpo extraño en tejidos blandos de la pierna (músculo, tendón o tejido sinovial).
Por otro lado, la investigación financiera detectó que Batista Cruz realizó 10 transferencias bancarias a la cuenta de Ángel Luís Guzmán Vásquez, a quien se denomina como supuesto cabecilla, por un monto acumulado de RD$977,407.00 entre junio de 2024 y febrero de 2025.
También realizó 11 transferencias favor del coimputado Carlos Job Ynoa Olivero. De ambos coimputados, Batista Cruz recibió sumas de dinero en transferencias y efectivo, según la Pepca.
En el allanamiento a su residencia y registro de vehículos, las autoridades incautaron RD$33,030.00 y US$35.00 en efectivo, dos computadoras portátiles (marcas Lenovo y Acer), matrículas y llaves de dos vehículos marca Ford (Escape 2012 y Explorer Sport Trac 2005), así como facturas de crédito, contratos de alquiler con ALMED S.R.L. e informes de retenciones fiscales y formularios de Senasa.
José Luís Díaz Hernández
Según la solicitud de medida de coerción, las investigaciones internas de Senasa detectaron que, a partir de julio de 2024, el ortopeda José Luís Díaz Hernández experimentó un crecimiento desproporcionado e inusual en los montos autorizados por procedimientos ortopédicos.
Entre las maniobras facturadas figuraban reducciones cerradas de luxaciones traumáticas de hombro, codo y muñeca, reducciones de fracturas e inyecciones o infiltraciones articular de sustancias terapéuticas.
El Ministerio Público sostiene que el también especialista en traumatología falsificó firmas de afiliados en los formularios de reclamación médica para simular atenciones de salud no brindadas y cobrar indebidamente fondos del Estado dominicano.
Entre los testimoniales que incluye la Pepca se mencionan colegas de Díaz Hernández que nunca han sido sus pacientes y aseguran no haber recibido sus atenciones. También hay afiliados que se reconocen como pacientes, pero negaron haber recibido determinados procedimientos médicos que este reportó y facturó a dicha institución.
Al igual que el anterior doctor, sobre Díaz Hernández también pesan acusaciones de falsificación de firmas determinado mediante informes periciales emitidos por el Departamento de Documentoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El expediente probatorio incluye interceptaciones telefónicas que vinculan directamente al médico con la estructura operativa del entramado. En una llamada realizada el 29 de noviembre de 2024, Ángel Luís Guzmán Vásquez (a quien se señala como el articulador principal) contactó al Call Center de Senasa usando el código de prestador de Díaz Hernández para solicitar autorizaciones médicas fraudulentas.
En la grabación, Guzmán argumentó falsamente que un afiliado se había luxado un hombro “tumbando unos aguacates en el patio de su casa” para tramitar la aprobación del seguro.
En el aspecto financiero, los análisis bancarios mostraron una transacción realizada en octubre de 2024 desde una cuenta de Díaz Hernández hacia una cuenta de Ángel Luís Guzmán Vásquez por la suma de RD$67,000. Sin embargo, de igual forma se registraron transferencias financieras con otros médicos de los enunciados en la supuesta red criminal.
Durante el registro practicado en la residencia de José Luís Díaz Hernández y la inspección de su vehículo marca Mercedes Benz GLC 300, las autoridades incautaron una pistola marca Glock 17 Gen5 calibre 9mm con su cargador, 17 cápsulas y accesorios de carga rápida.
Además, una computadora portátil Lenovo 330S, dos teléfonos celulares (marcas Huawei y Motorola), un celular Samsung, tarjetas de memoria USB y chips telefónicos de la compañía Altice. También ciertos documentos personales, entre ellos un carnet de la Armada de República Dominicana.
Carlos Job Ynoa Olivero
“El Ministerio Público comprobó que el imputado Dr. Carlos Job Ynoa Olivero, médico especialista en ginecoobstetricia, se asoció de manera consciente y voluntaria con el imputado Ángel Luís Guzmán, con el propósito común de estafar al Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante la ejecución de maniobras fraudulentas consistentes en la elaboración, presentación y cobro de reclamaciones médicas falsas”, expresa la solicitud de medida de coerción en el apartado titulado “Participación del Dr. Carlos Job Ynoa Olivero, ginecoobstetra”.
Más adelante los fiscales explican que los imputados supuestamente procedieron a elaborar expedientes clínicos ficticios, utilizando datos personales de afiliados de Senasa que no solicitaron ni recibieron los servicios médicos consignados en los referidos documentos.
Asimismo, para aparentar legalidad, habrían completado los formularios con la información de los afiliados y habrían firmado en nombre de estos, simulando su consentimiento, todo ello sin el conocimiento ni la autorización de los afectados.
Tras notar un comportamiento irregular en las autorizaciones emitidas y un aumento desproporcional del monto promedio facturado, Senasa realizó una auditoría a los expedientes y procedimientos reportados y sometidos para pago por el doctor Ynoa Olivero.
Uno de los hallazgos más particulares fue la existencia de consultas de ginecología registradas de afiliados de sexo masculino.
Las pesquisas revelaron además la existencia de consultas y procedimientos atribuidos a afiliados que negaron haberse atendido o haber recibido servicio alguno con dicho médico, así como también un incremento sustancial del monto autorizado a partir del mes de agosto del año 2024, superando el promedio mensual de facturación que registraba este prestador de servicios de salud.
De igual forma, la duplicidad de servicios respecto de un número elevado de pacientes, “evidenciando un patrón reiterado de reclamaciones médicas incompatibles con la prestación real de los servicios”.
En una de las llamadas transcritas al expediente, los hermanos Guzmán aseguran que no iban a trabajar más con los doctores Luís Manuel Tejada, Hanna, Edwin y Carlos Ynoa, “porque le han dado mucho y estos no le han pagado y que no le van a mandar nada a ninguna de esa gente para que pasen pique”.
Guillermo Enrique Dicló Garabito
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, médico especialista en ginecoobstetricia Guillermo Enrique Dicló Garabito participó en la red criminal utilizando como intermediaria a la coimputada Dra. Laura Altagracia Santana Evangelista.
Su participación consistía en supuestamente elaborar reclamaciones sustentadas en expedientes clínicos falsificados, completando formularios de autorización e imprimiendo firmas apócrifas a nombre de las afiliadas sin su conocimiento ni autorización.
Al igual que el resto, las auditorías médicas ejecutadas por los analistas de Senasa detectaron un incremento desproporcional en los montos solicitados para cobro por el profesional en julio de 2023, observándose un pico atípico e inusual durante el mes de enero de 2024. Entre los procedimientos reclamados con irregularidades figuraban resecciones de granuloma vulvo perineal, cauterizaciones cervicales por radiofrecuencia y consultas especializadas.
Asimismo, las evaluaciones periciales determinaron la existencia de patrones tipográficos idénticos entre las firmas atribuibles a las pacientes y las grafías de la persona que llenaba los formularios.
Las gestiones telefónicas de autorización ante el Call Center de la aseguradora estatal eran tramitadas por un individuo que se identificaba como “Pedro Martínez”, una identidad ficticia empleada de forma recurrente por la supuesta estructura criminal para la obtención de aprobaciones médicas.
Por otro lado, los peritajes sobre los movimientos bancarios de los encartados verificaron la existencia de transferencias electrónicas enviadas por la Dra. Santana Evangelista hacia Dicló Garabito, alcanzando la suma acumulada de RD$66,000.00 “por concepto de distribución de beneficios ilícitos”.
Griselda Altagracia Basora Ramírez
Identificada como “una de las principales integrantes de la estructura”, Griselda Basora Ramírez, especialista en ginecología y obstetricia, formó parte del Senasa desde el 23 de enero de 2003 hasta el mes de marzo de 2025, fecha en la que su código fue suspendido dado irregularidades en los servicios médicos reportados.
Ramírez completaba los formularios, al igual que los demás imputados, con los datos de los afiliados utilizando firmas en sus nombres para simular su consentimiento.
La auditoría de Senasa detectó irregularidades en las reclamaciones, entre ellas: similitudes en la tipografía y firmas de los formularios con documentos de otros médicos investigados.
Además, de 24 afiliados contactados, 13 dijeron no reconocer los servicios que figuraban a nombre de la médica.
Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, médico especialista en ortopedia y traumatología, prestaba servicios a afiliados de Senasa en centros médicos de Samaná y Santo Domingo Oeste desde el 16 de marzo de 201. Su contrato culminó en julio de 2024 tras alertas administrativas y hallazgos de auditoría.
La auditoría detectó un incremento “atípico” en los montos autorizados y una frecuencia inusual de procedimientos como reducciones cerradas de luxaciones y fracturas, además de inyecciones e infiltraciones en articulaciones y ligamentos.
Asimismo, varios afiliados cuyos nombres aparecían en sus reclamaciones negaron haber recibido los servicios reportados e incluso dijeron no conocer al médico.
Martha María Saldaña Saldaña
Martha María Saldaña Saldaña, ortopeda traumatóloga, es señalada de presentar ante Senasa reclamaciones por servicios que los afiliados no reconocieron.
Entre los afiliados reportados a su nombre que negaron haber recibido los servicios figuran Martha Isabel Mejía Ramos, Rafael Aníbal Rivas y Zenobia Encarnación Encarnación.
La investigación también identificó transacciones bancarias de Saldaña Saldaña con personas vinculadas a Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado como cabecilla de la estructura investigada.
Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
Del mismo modio, Rosa Vásquez, cirujana general, es señalada de presentar reclamaciones por servicios que afiliados no reconocieron y con firmas falsificadas, para obtener pagos de Senasa.
Una auditoría a reclamaciones correspondientes a RD$2, 052,051.20 pagados por Senasa detectó formularios incompletos, similitudes en la tipografía de las firmas de afiliados y datos telefónicos que no coincidían con los registros internos de la ARS.
También fueron identificadas cuatro autorizaciones médicas con notas NAP que, según la auditoría, seguían el patrón irregular detectado en otros prestadores investigados.
Engels Federico Díaz Mendoza
El doctor Engels Federico Díaz Mendoza es otro de los ginecólogos obstetra citados en el caso. El mismo fue identificado por el Ministerio Público como uno de los galenos que reportó afiliados a Senasa para reclamar valores en su nombre, a pesar de que conforme las diligencias de investigación realizadas estas personas afirman no haber recibido servicios de su parte.
Las auditorías médicas realizadas por Senasa señalan que, a partir de enero del año 2022, Díaz Mendoza experimentó un incremento desproporcionado tanto en la población usuaria asignada como en los montos autorizados, alcanzando un pico máximo en enero del año 2023.
Entre los hallazgos administrativos se identificaron además reclamaciones extemporáneas, cuyas fechas de servicio figuraban con anterioridad a la fecha de emisión de la autorización formal. Asimismo, tras varias entrevistas a pacientes de Díaz Mendoza, los fiscales identificaron un patrón en el que pacientes tratadas de forma legítima por el doctor registraban cobros adicionales por procedimientos quirúrgicos ambulatorios que jamás recibieron.
El análisis financiero de la PEPCA muestra que el incremento atípico en la facturación del acusado a partir de 2022 coincidió de manera directa con un flujo constante de fondos hacia el principal articulador operativo del entramado, Ángel Luís Guzmán Vásquez.
Los registros bancarios indican que en agosto de 2022, Díaz Mendoza realizó un depósito en efectivo por la suma de RD$43,065.00 a Guzmán Vásquez. Adicionalmente, entre marzo de 2022 y mayo de 2024, el médico ejecutó un total de 17 transferencias bancarias electrónicas dirigidas a Guzmán Vásquez por un monto acumulado de RD$671,090.00
Las autoridades sostienen que estas operaciones representan la distribución de las ganancias ilícitas derivadas de las estafas a Senasa.
Keila Beatriz Acosta Leonardo
Además de las firmas falsas, en el caso de la médico internista Keila Beatriz Acosta Leonardo, las auditorías médicas realizadas por la Subgerencia de Auditoría Médica de Senasa a los comprobantes de pago de la acusada arrojaron graves irregularidades formales y operativas, tales como formularios con enmendaduras y tachaduras, y expedientes incompletos con omisión de datos generales del paciente (edad o teléfono), diagnósticos y montos reclamados.
Asimismo, las investigaciones presentan un patrón sistemático identificado en 22 afiliados, consistente en registrar una consulta especializada inicial con la doctora Acosta y, posteriormente, cargar autorizaciones automáticas de consultas o procedimientos no realizados con otros médicos imputados en la red.
Entre las inconsistencias más extremas se detectaron casos de afiliados masculinos que, tras figurar con una consulta con la internista, registraban atenciones posteriores con ginecoobstetras de la trama.
Rafael Mauricio Cabral González
El Ministerio Público acusa al médico especialista en cirugía general Rafael Mauricio Cabral González de asociarse con el articulador operativo Ángel Luís Guzmán Vásquez para gestionar y tramitar el cobro de reclamaciones médicas sustentadas en atenciones y procedimientos inexistentes.
Los usuarios consultados declararon ante los investigadores que no conocían a Cabral González, que nunca acudieron a su consultorio y que jamás recibieron las consultas especializadas ni los procedimientos ambulatorios facturados a su nombre (tales como onicectomías o drenajes de colecciones profundas).
A este también se le atribuyen, a raíz de las auditorías realizadas por Senasa, irregularidades como coincidencias de caligrafía y expedientes incompletos, sin el nombre del centro médico o establecimiento donde supuestamente prestaba servicios.
Laura Altagracia Santana Evangelista
Además de las reclamaciones ficticias o por servicios no ofrecidos, a la cirujana general Laura Altagracia Santana Evangelista se le acusa en el documento depositado por la Pepca de facturar bajo su propio código y actuar como intermediaria dentro de la estructura para canalizar expedientes y distribuir beneficios económicos a otros médicos imputados, como el Dr. Guillermo Enrique Dicló Garabito.
Asimismo, un rastreo de autorizaciones generadas en 2024 detectó expedientes tramitados ante el Call Center con las notas “Info Ángel Beltré” e “Info. Pedro Martínez”, identidades ficticias empleadas de manera sistemática por la red para aprobar solicitudes fraudulentas.
De igual forma, una auditoría detectó aumento atípico de facturación y expedientes incompletos, “el 100% omitía el nombre del centro médico donde supuestamente prestó los servicios y carecía de datos fundamentales como teléfono del paciente, diagnóstico o monto reclamado”.
En el ámbito financiero, la instancia expone que entre 2022 y 2024, la imputada realizó transferencias electrónicas y depósitos bancarios a favor de Ángel Luís Guzmán Vásquez por un monto acumulado de RD$278,633.
También dice que mantuvo flujos financieros con otros profesionales imputados; envió dos transferencias por un total de RD$22,000a la Dra. Keila Beatriz Acosta Leonardo y transfirió RD$66,000 al Dr. Guillermo Enrique Dicló Garabito.
Víctor Felipe Rodríguez García
Víctor Felipe Rodríguez García, médico cirujano y prestador de servicios de Senasa, es señalado de presentar reclamaciones por afiliados que no habían sido atendidos por él, en coordinación con Laura Mariel Guerrero Mosquea y Heidy Coronado Paulino.
Según el documento, Rodríguez García habría permitido el uso de su código de prestador, firma, sello y comprobantes fiscales para someter reclamaciones previamente preparadas con datos de afiliados, diagnósticos y procedimientos que no había realizado.
Los expedientes eran remitidos al médico para que los firmara, sellara y asignara el número de comprobante fiscal, antes de ser enviados a Senasa para su cobro.
La auditoría y las verificaciones con afiliados identificaron reclamaciones por consultas y procedimientos que estos no reconocieron.
Wander Manuel Díaz Encarnación
De acuerdo al expediente, Encarnación mantenía un contrato independiente con Senasa desde septiembre de 2022, bajo el código de prestador 831901, para ofrecer servicios especializados en el centro de salud Monte Sion. El contrato fue rescindido posteriormente debido a alertas administrativas e irregularidades detectadas en una auditoría.
El análisis de sus autorizaciones evidenció un incremento significativo de los montos facturados durante el primer trimestre de 2024, en comparación con 2023. También fueron identificados patrones inusuales en procedimientos de aspiración articular y de bursa, así como infiltraciones de sustancias en articulaciones y ligamentos. Varios afiliados contactados manifestaron no reconocer ni haber recibido esos procedimientos.
Entre los casos verificados figura el de Malvel Ramón Pérez Rodríguez, quien, al revisar su historial en la plataforma de Senasa, encontró ocho reclamaciones por consultas y procedimientos médicos que aseguró nunca haber recibido. Algunas de esas autorizaciones incluían hasta tres procedimientos distintos.
De acuerdo con la investigación, Díaz Encarnación habría utilizado formularios con información falsa y firmas falsificadas de afiliados para reportar consultas y procedimientos inexistentes y obtener los pagos correspondientes.
Durante 2024, el médico recibió RD$5, 146,176.33 por concepto de servicios que, según los hallazgos de la investigación, no fueron efectivamente prestados. En el allanamiento realizado como parte del proceso también le fue ocupado un teléfono celular iPhone 16 Pro Max.
Yocaira Antonia Méndez Beltré
A la ginecoobstetra Yocaira Antonia Méndez De Medina le atribuyen que se valía de su condición de médica de cabecera de sus pacientes para facturarles procedimientos adicionales que nunca les practicó.
Asimismo, diversos dictámenes de documentoscopía forense Inacif certificaron la supuesta falsificación de firmas en los formularios de reclamación tramitados bajo su código PSS.
Por otro lado, el documento argumenta que auditorías médicas de Senasa detectaron un incremento injustificado en sus picos de facturación y en la emisión de autorizaciones para procedimientos especializados como colposcopía SOD y desbridamiento no escisional de tejido desvitalizado (entre el 20% y el 30% de superficie corporal).
Marcelino Eusebio Figuereo
Las autorizaciones médicas atribuidas a Marcelino Eusebio Figuereo, ginecoobstetra, presentaron un comportamiento irregular durante 2024, con un incremento brusco de los montos facturados entre junio y agosto, seguido de una disminución en septiembre y octubre.
La investigación también detectó autorizaciones con la nota “Info. Ángel Beltré”, nombre que, según el expediente, utilizaba Ángel Luis Guzmán Vásquez en llamadas al centro de atención de Senasa para gestionar autorizaciones de los médicos de su grupo.
Según el expediente, ocho afiliadas fueron contactadas: Berkis Domínguez Domínguez, Iris Madelin Sosa Rodríguez, Aileen Yamarsin Jiménez Nova, Reyna Margarita Ramírez Tapia, Anyelis Bencosme Mella, Eli Vanessa Acosta Marte, Johanny Altagracia Almonte Javier y Enriqueta Merán Cabrera; todas manifestaron no reconocer los servicios registrados a nombre de Figuereo.
El Ministerio Público señala que el médico presentó reclamaciones por servicios que los afiliados no reconocieron. Durante su allanamiento fueron ocupados dos teléfonos celulares Samsung, un Galaxy A07 y un S25 Ultra.
Ray Ernesto Mercedes Lugo
Diecinueve afiliados fueron identificados en la auditoría de Senasa como personas que no reconocieron los servicios médicos registrados a nombre de Ray Ernesto Mercedes Lugo, ginecoobstetra y prestador de la ARS desde mayo de 2023.
El caso salió a relucir inicialmente con Yudelka Medrano Puello, quien informó a Senasa que encontró una consulta del médico en su historial, pese a que aseguró que nunca había sido atendida por él y que no lo conocía.
La revisión también encontró afiliados vinculados en sus historiales con otros médicos investigados. Fior Sánchez, por ejemplo, figuraba con servicios de Víctor Felipe Rodríguez, Guillermo Enrique García Dicló y Griselda Altagracia Basora Ramírez, que tampoco reconoció. Mientras que Miledis Núñez Castro aparecía con una autorización de Engels Federico Díaz Mendoza que igualmente negó haber recibido.
“Al revisar los casos de estas afiliadas manifestaron que no fueron tratadas por el imputado Ray Ernesto Mercedes Lugo, ni visitaron los centros médicos donde el mismo brindó sus servicios”, dicta el documento.
Durante 2024, Mercedes Lugo realizó transacciones bancarias a favor de Ángel Luis Guzmán Vásquez, movimiento que el Ministerio Público señala como evidencia de su vinculación con el grupo investigado. En su allanamiento fue ocupado un iPhone 15 Pro Max.
El expediente atribuye a los imputados, entre otras infracciones, falsificación y uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, violaciones a la Ley de Seguridad Social, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
