En el Congreso Nacional de la República se discute un proyecto de ley propuesto por el presidente Luis Abinader, que busca proteger a las víctimas de trata y tráfico de personas, pero aún sigue pendiente su aprobación.
Así lo reveló la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en un acto conmemorativo por el Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), bajo el lema “Trata de Personas y Criminalidad Forzada: Víctimas Atrapadas en Nuevas Formas de Explotación”.
En respuesta a estos actos, afirmó que desde el Ministerio Público se han puesto en marcha una serie de acciones, atendiendo a la situación.
“Hemos puesto en marcha desde el Ministerio Público la expansión nacional de la Red Nacional de Representación Legal de Víctimas, y hoy con un profundo orgullo le decimos que en los 37 distritos judiciales que tiene la República Dominicana hay una Oficina de Representación Legal de Víctimas, y por primera vez hemos formado 140 abogados y abogadas especialistas en victimología, con una especialidad o maestría”, aseguró.
Sostuvo que en estos casos no solo se debe visibilizar a quien comete el delito, sino también a las víctimas.
“Las víctimas también existen, y ellas no eligieron ser víctimas. Tenemos una obligación constitucional de protegerlas, y es algo que en el Ministerio Público, igual que en Cancillería y otras instituciones que hoy están aquí presentes, lo hemos tomado absolutamente en serio y con una profunda vocación de servicio, de transformar el sistema. De ahí que ya se encuentra en el Congreso, depositada por el señor Presidente de la República, una ley de protección de víctimas y testigos con un enfoque profundo también en las víctimas de trata de personas”, manifestó.
Declaró que antes de concluir el 2026, espera que la legislación sea aprobada por los congresistas.
Puntualizó que también se ha creado, la Unidad Especial de Investigación, para estos fines. Así como la Fiscalía Especializada contra la Trata, Tráfico y Explotación Sexual Comercial en Sosúa y también una unidad en Boca Chica.
“Las heridas que inflige la trata de personas destruyen la identidad, aniquilan la voluntad y quiebran parte del tejido social de nuestras sociedades. Son cicatrices a veces invisibles, psicológicas y emocionales, marcadas por el abuso sistemático, la explotación y el aislamiento. Cuando una mujer, un niño o una niña es sustraído de su entorno y sometido a la explotación sexual o laboral, no solo se está violentando su cuerpo, sino que se está atentando contra el derecho fundamental a la libertad que nos define como seres humanos”, expresó indignada la magistrada.
La magistrada también señaló que la trata de personas ha evolucionado e implica el uso de la fuerza, fraude o estafas a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual comercial. También el tráfico de armas, de drogas y otras actividades ilícitas y del crimen organizado.
Convenio con otros países
En el marco de la celebración, la magistral Reynoso sostuvo que, para continuar fortaleciendo las acciones contra el crimen organizado, el país se sumará a las autoridades de Colombia, así como a un equipo de investigación en Chile.
“Estaremos firmando en las próximas semanas también un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas con la Fiscalía General de Colombia y estamos haciendo estos esfuerzos y utilizando las herramientas que en este caso nos da la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado”, expresó.
Nuevas modalidades de trata de personas
Al referirse a la evolución de los actos criminales, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, alertó este jueves que las víctimas de trata de personas ya no solo son sometidas a explotación sexual o laboral, sino que, bajo amenazas, son obligadas a participar en operaciones fraudulentas, como estafas financieras, ciberdelincuencia y lavado de activos.
Asimismo, el canciller afirmó que esta nueva modalidad representa desafíos para el sistema de justicia, la seguridad y la gestión migratoria, al tiempo que obliga a fortalecer las capacidades de los Estados para identificar oportunamente a las víctimas y garantizar que no sean criminalizadas por delitos cometidos bajo coerción.
“La trata de personas constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Detrás de cada caso hay una vida marcada por el engaño, la coerción o la violencia; una persona privada de su libertad, de su dignidad y de la posibilidad de decidir su propio futuro”, expresó el ministro.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el número de víctimas de trata de personas ha aumentado desde la pandemia del covid-19, sostuvo el canciller.
“El más reciente informe mundial sobre la trata de personas de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, confirma esa urgencia. Tras la disminución registrada durante la pandemia, el número de víctimas detectadas volvió a incrementarse y en 2022 superó en un 25% los niveles previos a la crisis sanitaria”, declaró.
Ante estas cifras, indicó que en la actualidad, la trata con fines de trabajo forzoso representa el 42% de los casos detectados a nivel mundial, superando por primera vez a la explotación sexual, que concentra el 36%.
