La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo que inspeccione a nueve academias privadas online de Formación Profesional (FP) al detectar posibles prácticas irregulares vinculadas a las prácticas del alumnado o a la homologación de sus cursos.

Las denuncias de la OCU se producen cuando el Ministerio de Educación, Formación Profesional, Deportes dará a conocer previsiblemente este mes el nuevo decreto que regulará la creación de nuevos centros de FP con el fin de regular la enseñanza online, garantizando al menos un 20 % de clases presenciales e incluso un 39 % en determinados ciclos, que requieren más prácticas.

Según el borrador al que ha tenido acceso EFE el nuevo decreto también obligará al centro a tener acuerdos por escrito con empresas donde los alumnos hagan su formación práctica y deberán aportar documentación que asegure su sostenibilidad económica.

La OCU ha detectado posibles prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de derechos básicos de los consumidores en la contratación de sus cursos en nueve academia: Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia.

Irregularidades denunciadas

Entre las irregularidades denunciadas está la falta de información precontractural, ya que no facilitan el precio del curso o las condiciones si no se dan antes los datos personales o incluso se paga previamente una matrícula.

También se detectan cláusulas abusivas como la obligación del pago íntegro del curso en caso de baja, aún cuando existan causas justificadas o el derecho a la expulsión del alumno sin previo aviso ni reembolso de lo pagado.

Otras posibles irregularidades tienen que ver con la publicidad engañosa puesto que utilizan términos ambiguos en cuanto a la oficialidad y homologación de sus títulos, al tiempo que tampoco garantizan prácticas seguras, como anuncian.

«Aun cuando se vendan como prácticas garantizadas en realidad no siempre lo están: unas veces porque hay que superar un proceso selectivo impuesto por las empresas de destino, y otras porque hay que cumplir requisitos formativos adicionales», recalca la OCU que también pide a Consumo investigar si hay transparencia en las condiciones de financiación del curso que ofrecen estas academias.

En caso de confirmarse estas posibles irregularidades, la OCU sugiere sancionar y obligar al cese de estas prácticas y garantizar a los consumidores el derecho a recuperar las cantidades indebidamente cobradas.