AGENCIA EFE

Puerto Príncipe, Haití

Catorce años después del terremoto de enero de 2010, que causó más de 200,000 muertes y dejó a 1,3 millones de personas sin hogar en Haití, centenares de sobrevivientes de la tragedia y otras víctimas de la inseguridad, mal viven en campamentos ante la “total indiferencia” de las autoridades.

Así lo denunció ayer viernes en un informe la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

“Es inaceptable que haya más personas en los campamentos a causa de la inseguridad que a causa de las catástrofes naturales. También es inaceptable que las condiciones generales de vida en los sitios monitoreados no impulsen a las autoridades estatales a tomar ninguna medida”, afirmó la organización no gubernamental.

La entidad consideró que esa situación se debe a la negligencia e incompetencia de las autoridades estatales y su presunta connivencia con bandidos armados.

En los años transcurridos desde el terremoto de 2010, los sucesivos gobiernos han hecho numerosas promesas a la población para ayudarla a recuperarse con dignidad y respeto de sus derechos fundamentales. Sin embargo, no se ha adoptado ni una sola medida eficaz, agregó la RNDDH.

“Las promesas se olvidaron rápidamente, sobre todo por parte de los que se presentaron a las elecciones, y los ciudadanos tuvieron que arreglárselas por su cuenta para cuidar de sí mismos y de sus hijos, y para construir estructuras permanentes en las zonas donde se les habían concedido refugios, transformando, en la medida de lo posible, los refugios temporales en viviendas permanentes”, dijo la ONG.

La inseguridad, que hace 14 años se caracterizaba por los asesinatos, robos y violaciones perpetrados contra la población haitiana en general, ha adquirido una nueva dimensión con la proliferación de bandas armadas agrupadas en dos grandes coaliciones, la G-9 en Fanmi e Alye y la G-Pèp, dirigidas respectivamente por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, y Gabriel Jean Pierre, alias Ti Gabriel o Gabo, y asentadas en Delmas 6 y Cité Soleil, en la zona de Nan Brooklyn, en la capital haitiana.

Las bandas armadas roban, violan y matan impunemente. Ocupan al menos el 80 % del territorio del departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe, y se están introduciendo progresivamente en los demás departamentos geográficos del país, especialmente en Artibonite y Centre.

Las bandas controlan las principales carreteras que unen los departamentos geográficos entre sí, reduciendo considerablemente la circulación de bienes y servicios en el territorio nacional, al tiempo que encierran el departamento del Oeste.

“Así, desde 2018, en los departamentos del Oeste y Artibonite, se han registrado al menos 25 masacres y ataques armados a gran escala, con el resultado del asesinato de varios cientos de personas, la violación en grupo de varios cientos de mujeres y niñas, el tiroteo de varios cientos más y el incendio de miles de viviendas y vehículos”, según la RNDDH.

La gente ha tenido que abandonar sus posesiones para refugiarse en escuelas, iglesias, plazas públicas y terrenos baldíos, formando un gran número de campamentos para desplazados, situados en el departamento del Oeste, junto a los lugares de reubicación de las víctimas del terremoto del 12 de enero de 2010.

Se han creado al menos 45 puntos para los desplazados por la inseguridad, que albergan a más de 37,300 personas. La RNDDH recomienda a las autoridades que proporcionen asistencia humanitaria, financiera y psicológica a todos los desplazados de los campamentos, sin distinción y teniendo en cuenta sus necesidades específicas.

La ONG también recomienda que se escolarice a los miles de niños de los campamentos que nunca han asistido a la escuela desde el inicio del curso 2023-2024, y que se limpien los emplazamientos y se vacíen las letrinas con regularidad para evitar la propagación de enfermedades.

“Hay que animar a la Policía para que asegure los lugares de acogida reforzando las patrullas alrededor y dentro de todos los campamentos sin distinción”, planteó la organización.

La ONG también exigió de las autoridades crear condiciones adecuadas de seguridad y dignidad para que las víctimas puedan regresar a sus zonas de residencia, respetando sus derechos fundamentales.